LO 5/2024 del Derecho de Defensa

La LO 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa entra en vigor el próximo 4 de diciembre

Uno de los hechos más destacados de esta Ley, que podría pasar inadvertido con una somera lectura, se encuentra en su artículo 13, en el cual se constata que el turno de oficio es un pilar esencial de las garantías de defensa, añadiéndose que se trata de un “servicio obligatorio de justicia gratuito”. De este modo, la Ley parece aludir a un sistema obligatorio de prestación del servicio de justicia gratuita, dejando de ser voluntario.

Esta cuestión ha sido ya objeto de numerosas críticas sin haber todavía entrado en vigor. En particular, porque no parece hacerse mención alguna en la especialización por materias, además de las críticas sobre la insuficiente retribución del turno de oficio, la inexistencia de un sistema similar en otros sectores profesionales, así como el hecho de hacer tal referencia sin que exista, a día de hoy, una exhaustiva regulación.

Otra cuestión relevante ha sido reconocer a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación y al disfrute de permisos de maternidad y paternidad. Se habilita que éstos puedan solicitar la suspensión del procedimiento judicial o un nuevo señalamiento de actuaciones procesales tanto en casos de fuerza mayor como otros motivos de análoga entidad. Entre estos supuestos se incluye:

• Nacimiento o cuidado de menor
• Adopción o acogimiento de menores
• Hospitalización de cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad y de pariente o familiar a cargo
• Fallecimiento de pariente hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad
• Accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.

Se estipula de manera expresa la confidencialidad en las comunicaciones entre defensores de las partes con ocasión de un litigio o procedimiento, incluso en fase extrajudicial, precisándose que éstas no podrán hacerse valer en juicio ni tendrán valor probatorio.

Esta Ley también reconoce el derecho del cliente a conocer cuáles serán los costes generales del procedimiento, así como las consecuencias de una eventual condena en costas. Este hecho afecta a las obligaciones de los profesionales de la Abogacía, quienes deberán incluir, como contenido indispensable del encargo profesional, la inclusión del presupuesto previo de honorarios y costes.

Otros derechos reconocidos en favor de los titulares del derecho de defensa son:

• El derecho a conocer con transparencia los criterios de inteligencia artificial empleados por las plataformas digitales, incluidas las que facilitan la elección de profesionales de la abogacía.

• El derecho a utilizar las lenguas oficiales ya no solo ante órganos sitos en la Comunidad Autónoma respectiva sino también ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado, teniendo derecho también a recibir comunicaciones de dichos órganos en la lengua de la Comunidad donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales.

Además, la nueva LO 5/2024 contempla la modificación de varios textos normativos, destacando, en particular, dos especialidades:

• En el ámbito de la LO 6/1984, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», en el art. 3, se introduce dentro del círculo de personas habilitadas para instar el procedimiento de Habeas Corpus, al “abogado defensor del privado de libertad”.

• En la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se incluye la atribución del derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden penal a las personas jurídicas cuando la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o inminente, se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica en el último ejercicio con algunas especialidades.

Por todo ello, a pesar de las contribuciones en materia de la propia profesión, la mayoría de las aportaciones que realiza la Ley Orgánica sobre los derechos de los ciudadanos, ya se encontraban reguladas en nuestro Ordenamiento Jurídico o reconocidas jurisprudencialmente.

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