ANTEPROYECTO LECRIM

Aprobación del anteproyecto de reforma de la LECRim

El pasado martes, 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sigue la misma línea que los anteproyectos de los años 2011 y 2013, los cuales, aunque finalmente no llegaron a ser aprobados, ya proponían un cambio significativo en el proceso penal existente en la actualidad.

Este anteproyecto supone una transformación integral del proceso penal con el fin de convertirlo en un proceso más constitucional y alineado con el Estado de Derecho.  Entre muchas otras medidas, propone un salto cualitativo en la investigación contra el crimen, incorporando nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad; refuerza las garantías existentes en el proceso penal, especialmente en lo que a la víctima se refiere; y propone nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad.

A continuación, se detallan los principales cambios propuestos en este anteproyecto:

• Se propone que la fase de instrucción recaiga sobre el Ministerio Fiscal, es decir, se asigna a los fiscales la instrucción y la investigación de los procedimientos penales, sin que estén sometidos a la tutela de los jueces. Esta medida va de la mano de una reforma en el procedimiento de elección del Fiscal General del Estado, así como una reforma en el Estatuto Orgánico de los Fiscales.

• Se propone una modificación en el rol de los jueces. En este sentido, los Jueces de Instrucción pasarán a ser los “Jueces de Garantías”, cuyo principal cometido será el de tutelar los derechos de los investigados. Por otra parte, en la fase intermedia del procedimiento (“juicio de acusación”) intervendrán los “Jueces de la Audiencia Preliminar”, que se encargarán de decidir sobre la apertura del juicio oral y sobre la validez de las pruebas.  Posteriormente, el “Juez o Tribunal de Enjuiciamiento” será el encargado de juzgar y dictar sentencia y, finalmente, el “Juez de Ejecución” será el encargado de llevar a cabo la ejecución de la sentencia.

• Se propone modificar las funciones de la Policía judicial, la cual operará bajo la dirección del Ministerio Fiscal mediante órdenes particulares antes de que se inicie formalmente el procedimiento de investigación.

• Se introduce el término de “encausado”, entendido como aquella persona sometida a un procedimiento penal en cualquiera de sus fases. Además, se crea un estatuto para esta figura, el cual recoge el derecho a conocer los cargos y la acusación, a acceder a las actuaciones y a participar activamente en el proceso. Este estatuto permitirá que las personas que hayan sido encausadas en un procedimiento penal puedan declarar en otro distinto sobre los mismos hechos. Asimismo, se establece la imposibilidad de la doble condición procesal, es decir, que la persona investigada o acusada en un procedimiento no pueda intervenir activamente en el mismo como parte acusadora. Finalmente, se introduce un capítulo separado dedicado al estatuto de la persona jurídica encausada.

• Se crea un nuevo estatuto de la víctima, mediante el cual la persona ofendida o perjudicada podrá intervenir como acusación particular en el procedimiento de investigación y en el conjunto de actuaciones posteriores.

• Se elimina la posibilidad de ejercer como acusación popular a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Por otra parte, se establece que la legitimidad de la acción popular deberá ser acreditada presentando una querella ante el Juez de Garantías.

• Se prevé la posibilidad de prescindir del ejercicio de la acción civil en aquellos casos que se consideren de especial complejidad. La petición de dicha circunstancia corresponderá al Ministerio Fiscal, quedando en manos del Juez de Garantías tomar finalmente la decisión.

• Se plantean varias modificaciones en relación con las denuncias, tales como (i) la eliminación de la exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo en los delitos contra bienes personales de personas menores de edad, (ii) la posibilidad de formular denuncia telemática y (iii) la posibilidad de presentar una denuncia por el responsable del canal de denuncias.

• Se prevé la creación de nuevas medidas cautelares, tales como la privación cautelar de libertad, consistente en una forma de detención preventiva más leve, cuya duración máxima es de 24 horas (frente a las 72 horas actuales).  

• Nueva división del procedimiento penal, ya que se prevé que se divida en tres grandes fases: (i) la investigación, que estará dirigida por el Ministerio Fiscal; (ii) el juicio de acusación, que estará dirigida por el juez de audiencia preliminar; y (iii) el juicio oral.

• La ejecución de la sentencia se configura como un trámite separado, independiente al proceso principal.

• Se mantienen los procedimientos urgentes, pero se añade como novedad una distinción entre los enjuiciamientos rápidos y los inmediatos (para delitos caracterizados por su baja penalidad). En los primeros, el plazo para señalar juicio será de 15 días, mientras que en los segundos será de máximo 72 horas.

• Se crea un procedimiento específico para solicitar la indemnización derivada de la privación de libertad seguida de absolución.

• Modificación de la figura del suplicatorio, limitando las circunstancias en las que debe solicitarse para evitar así privilegios de diputados y senadores frente al resto de ciudadanos.

• Se actualizan y modernizan las diferentes metodologías y herramientas para la investigación contra la criminalidad. Entre ellas, se incluyen las pruebas científicas, el tratamiento automatizado de datos, las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales, así como la mejora de la regulación del ADN.

• Finalmente, se incluyen nuevos mecanismos alternativos a la acción penal. En concreto, se incluyen dos nuevas modalidades de oportunidad: (i) el archivo por oportunidad, reservado para los delitos castigados con penas de prisión de hasta 2 años, y (ii) el archivo con condición, reservado para los delitos castigados con penas de prisión de hasta 5 años.

Como puede observarse, la reforma propuesta puede suponer un antes y un después en el proceso penal, debido al cambio radical y a la adaptación del proceso penal a la realidad actualmente existente que propone, así pues, habrá que seguir con atención la tramitación de este Anteproyecto y ver si finalmente sale adelante, informándoles en nuestro blog sobre cualquier novedad que se produzca en este sentido.

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