EL TJUE ANULA LAS SANCIONES DEL MODELO 720

El Modelo 720 es una declaración informativa –creada con la finalidad de prevenir y luchar contra el fraude fiscal- sobre bienes y derechos situados en el extranjero, es decir, una persona física o jurídica con residencia en España poseedora de acciones, valores, cuentas o inmuebles en el extranjero, tenía la obligación de presentar cada año dicho modelo.  

En noviembre de 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España (2014/4330) en relación con dicho Modelo 720, seguido de un dictamen motivado de febrero de 2017. Finalmente, interpuso un recurso ante el TJUE en octubre de 2019 (asunto-C788/19), en el que solicitó que se declarara que España había incumplido las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Tras más de seis años de lucha en contra de las sanciones impuestas a raíz del Modelo 720, finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado, en su sentencia de 27 de enero de 2022, que las sanciones previstas para el caso de incumplimiento de la obligación de declaración son desproporcionadas, y que no es lícito que la norma genere una situación de imprescriptibilidad en relación con los bienes y derechos en el extranjero, solo por incumplir una obligación formal. 

La sentencia del TJUE cuestiona la legalidad de la Ley española, basándose fundamentalmente en tres consideraciones:  

1. Que, aunque la legislación puede estar justificada para garantizar la eficacia del control fiscal y la lucha contra el fraude, va más allá de lo que podría considerarse necesario. 

2. Que el mero hecho de que un residente tenga bienes o derechos en el extranjero, no puede fundamentar una presunción general de fraude o evasión fiscal. Además, una norma que presume la existencia de un comportamiento fraudulento, solo por no cumplir los requisitos que la propia norma establece y sin posibilidad de destruir esa presunción, trasciende del objetivo indicado en el anterior apartado. 

3. Y finalmente, aunque la invocación de la prescripción en cuanto a la adquisición de los bienes y derechos no obsta al posible fraude, no es admisible que la Administración pueda cuestionar prescripciones ya consumadas, porque ello vulnera el principio de seguridad jurídica. Aunque es lícito que el legislador regule una prescripción ampliada en determinados casos, no es válido que la Administración Tributaria pueda actuar sin limitación temporal, más aún cuando ello se establece para casos de meros incumplimientos de una obligación formal. 

Por ende, de ahora en adelante, la Administración Tributaria:  

• No podrá considerar como “ganancia patrimonial no justificada” los valores de aquellos activos que se adquirieron antes del período de prescripción de cuatro años de los impuestos sobre la renta y sociedades.   
• No podrá sancionar automáticamente, con una sanción del 150% de la cuota del impuesto resultante de incluir en la correspondiente declaración la “ganancia patrimonial no justificada”. Sin embargo, sí que podrá sancionar el haber causado un perjuicio económico a la Hacienda Pública, con sanciones graduales del 50% al 150% de lo dejado de ingresar, en función de la conducta del contribuyente (artículo 191 de la Ley General Tributaria). 
• Y la Administración Tributaria ya no podrá imponer tampoco sanciones fijas en función de los datos o conjunto de datos omitidos o incorrectos (con sanción mínima de 10.000.-€) o por haber declarado tardíamente (con sanción mínima de 1.500.-€). 

Por lo que respecta a las sanciones impuestas hasta la fecha, cabrá iniciar una solicitud de ingresos indebidos para recuperar multas indebidamente pagadas, siempre y cuando el ejercicio de dicha acción no haya prescrito por haber transcurrido el plazo legal de cuatro años.